Una resolución del Ministerio de Energía y Minas (Minem) ha generado un conflicto en la región Arequipa. Resulta que más de 63 000 hectáreas de terrenos de la provincia de Arequipa pasarían a ser propiedad de Sociedad Minera Cerro Verde. En la Resolución N.° 541-2014 Minem, se calificó de interés nacional la ejecución del proyecto “Expansión de la unidad de producción de Cerro Verde”. Esta medida faculta a la empresa a reservar terrenos para luego adquirir por compra-venta directa tanto predios privados como estatales con el fin de hacer realidad su proyecto.
Para el especialista en derecho territorial Edgard Pinto, este documento está generando problemas. Indica que se pone en riesgo la propiedad privada de cientos de arequipeños y también quita la posibilidad de obtener un techo propio a miles de familias asentadas en asociaciones de vivienda, ubicadas en el perímetro del área donde Cerro Verde tiene 114 concesiones.
Las asociaciones están asentadas en estos terrenos desde 2008, cuando invadieron los predios. Por el tiempo de posesión, ya adquirieron el derecho de que el Estado los titule.
“Pero con la declaratoria del Gobierno en favor de Cerro Verde todo se ha paralizado y podríamos hablar de que pronto esta empresa sería dueña de esas tierras, que abarcan incluso parte del río Socabaya”, indicó Pinto.
[googlemaps https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1NpheT2lRBmt5T0fGwd8NK21iFD5Mv8t5&hl=en_US&w=640&h=480]Tierras de Cerro Verde
El presidente de la asociación de vivienda Tahuantinsuyo —asentada en el distrito de Socabaya desde 2008—, Roberto Charagua Vilca, cuenta que se percataron de que parte de los predios que tienen en posesión desde hace más de 10 años, cuando realizaban en el gobierno regional el trámite para la titulación, serían afectados.
La oficina de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial, mediante Oficio N.º 1747 -2018, le indicó que “un gran porcentaje del terreno (de Tahuantinsuyo) se superpone” con el proyecto de expansión de la unidad de producción de Cerro Verde.
Es decir, los predios, donde esta asociación ha asentado las viviendas de sus socios, fueron reservados para la minera en 2014, seis años después de que los socios de Tahuantinsuyo invadieran y tomaran posesión de estos predios y ganaran derechos sobre los mismos.
Pero esta no es la única asociación que tiene este problema, según Pinto y Charagua, hay otras en los distritos de La Joya, Hunter, Tiabaya, Uchumayo, Mollebaya y Yarabamba.
La resolución no solo reserva terrenos que están en manos de posesionarios, también se aplica para quienes tienen propiedades dentro de esta área entregada a la minera. Pinto explica que la Ley General de Bienes Estatales indica que “por excepción (el Estado) podrá proceder a la compra-venta directa de bienes de dominio privado a favor de particulares, con la finalidad de ejecutar un proyecto de interés sectorial o nacional”.
Esto quiere decir que el Gobierno podría empezar a expropiar terrenos para venderlos luego a Cerro Verde, explicó Pinto.
Una de las afectadas puede ser la asociación El Mirador, ubicada también en Socabaya. María Cayetano dice haber escuchado algo, pero no tiene nada claro. “Son tierras de nuestros tíos, de hace muchos años, podemos demostrarlo”, dijo.
Los terrenos
De acuerdo a los registros de la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN), esta ya empezó a titular algunos predios eriazos a nombre del Estado, que luego serán entregados a Cerro Verde. Por ejemplo, el 21 de julio de 2016, mediante la Resolución N.º 0514-2016 de la Subdirección de Administración del Patrimonio Estatal de la SBN, se inscribió a nombre del Estado un terreno erizado de 181 hectáreas ubicado en Tiabaya.
De esta forma se han inscrito varios predios de las 63 000 hectáreas, las que Cerro Verde podría adquirir con la venia del Gobierno nacional.
La inversión y el beneficio
Según la Resolución 541-2014 del Minem, la expansión de Cerro Verde significaría incrementar la producción de cobre fino en 3.76% a nivel nacional con respecto a la producción de 2009. La inversión es de US$ 3000 millones y se espera que el Estado reciba por impuestos cerca de US$ 327 millones anuales.
Además, promete incrementar el número de trabajadores a 6278, a eso hay que adicionar 2696 empleados mediante contratistas.
Minera evitó pronunciarse sobre problema de terrenos
Roberto Charagua cuenta que trató de comunicarse con los representantes de la minera Cerro Verde para explicarles el problema y buscar una solución. “Pude hablar con Johana Aliaga Salas, abogada del área de Asesoría Legal de Cerro Verde. Tengo un correo que me envió. Me pidió los documentos y prometió darme una cita, pero luego no hubo más respuesta”, dijo.
De igual forma, La República envió un correo electrónico a Aliaga Salas, pero no contestó.
Nos comunicamos con el área de Comunicación Externa de la minera. Se le explicó a la encargada Sandy Cabrejo el tema; sin embargo, no hubo una respuesta.
Mientras que en el gobierno regional nos comunicamos con Renzo Medina, jefe de la oficina de Ordenamiento Territorial. Este alegó no tener tiempo para atendernos y colgó el teléfono. Este personaje no volvió a responder las llamadas.