El financista del FBC Melgar, Jader Rizqallah, tuvo un respaldo legal importante para salir airoso de una investigación del Ministerio Público iniciada por lavado de activos. Parte de este fue el estudio Oré Guardia, relacionado con Keiko Fujimori, y la otra firma que lo respaldó pertenece al exprocurador anticorrupción César Azabache.
Los problemas para el financista del equipo arequipeño arrancaron en 2015. El Ministerio Público sospechaba del origen del dinero que inyectó al equipo rojinegro. Cuando Carol Cuba, fiscal de lavado de activos, pedía más tiempo para profundizar sus investigaciones y avanzar a la etapa preparatoria, apareció la salvadora resolución del magistrado César Hinostroza Pariachi. Era la Casación N.° 092, que blindaba al mandamás de Melgar de toda investigación fiscal. Esta indicaba que, para avanzar a la etapa preparatoria, la fiscal Cuba tenía que probar primero que el dinero tenía origen ilícito. O sea, un imposible, porque justamente la investigación ayudaría a detectar eso.
En el proceso de investigación fiscal a Rizqallah, lo asesoró el estudio de abogados Azabache Caracciolo, liderado por el exprocurador anticorrupción César Azabache, quien investigó al exdictador Alberto Fujimori y a su asesor Vladimiro Montesinos.
Por el asesoramiento, cobró más de S/ 224 000 entre 2016 y 2017. Las facturas están a nombre de Polimaster SAC, la empresa plastiquera del financista melgariano.
Pese a su apoyo legal a Rizqallah, Azabache se manifestaba en contra de la Casación N.º 092, la misma que emitió César Hinostroza para favorecer a su cliente.
En su columna de opinión del 28 de agosto del 2017, en el diario El Comercio, Azabache se pronunció sobre los lavadores profesionales. Dijo lo siguiente: “La regla aprobada por la Segunda Transitoria no ha notado que el mercado de intermediación de fondos lavados existe. Y no ha notado que los efectos de su última decisión son devastadores sobre la posibilidad de intervenir en él”, dice en su último párrafo.
En una comunicación con este medio, Azabache precisó que nunca ayudó al peruano de raíces palestinas a sustentar ante la Segunda Sala Transitoria de la Corte Suprema de Hinostroza el bloqueo de la investigación por lavado.
Sin embargo, este medio tiene copia de una factura enviada por este estudio, en el mismo mes que Hinostroza firmó la Casación N.° 092. En el comprobante, hay una anotación: “Honorarios del éxito”. El monto asciende a S/ 35 400 ¿Era por lo decidido por Hinostroza?
Al respecto, Azabache ratifica que no tuvo nada que ver con el resultado de esa resolución judicial.
“Hicimos un procedimiento probatorio, de fondo, sobre el origen de los fondos del señor Rizqallah ante la fiscalía que lo investigaba. Ese procedimiento terminó confirmando que el señor Rizqallah no había recibido ingresos de fuente sospechosa ni desconocida y que los fondos empleados en la compra de las acreencias de la Sunat sobre el Melgar tenían origen establecido y lícito, y no habían recibido observaciones de Sunat”, aseveró.
Azabache escribió un informe para el I Pleno Casatorio Penal que revisó la Casación N.° 092. De todo el texto se colige que, para él, el lavado de activos debe provenir de fuentes ilícitas probadas, haciendo uso de investigaciones a fondo que ayuden a dar con el camino del dinero. También señala que el lavado debe “probarse más allá de toda duda”.
Al final de la conversación con este medio, Azabache señaló que “en el caso de fondo las evidencias sobre la transparencia del origen de los fondos de Rizqallah ha quedado más que establecida (que provenían de origen legal); entonces, no encuentro conflicto alguno entre mis opiniones y mi trabajo sobre las evidencias de fondo”.
También con los Oré Guardia
El otro estudio que asesoró a Rizqallah fue el Oré Guardia. Este cobró al financista S/ 46 600 por el caso de lavado de activos en su contra.
Sin embargo, Oré Guardia es un estudio vinculado directamente a Keiko Fujimori. El fiscal José Domingo Pérez acusó que la firma participó en el ocultamiento de los aportes fantasma que se hicieron a Keiko y Fuerza Popular.
Según señala un testigo protegido, un abogado de la firma, Edward García Navarro, habría instruido a los imputados en el caso para que den falsos testimonios. También dijo que algunos falsos aportantes fueron obligados a firmar documentos sin permitirles leer lo que decían.
El caso se investiga y el estudio sigue implicado.